Grupos Parlamentarios en Canarias rechazan el Convenio de Grandes Almacenes firmado por Fetico

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EL DÍA.ES

LA VANGUARDIA

Santa Cruz de Tenerife, EFE Los grupos Socialista, Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) y Mixto han presentado hoy una proposición no de ley en la que se solicita al Parlamento que exprese su solidaridad con la situación de los trabajadores de los de los grandes almacenes de Canarias.

La propuesta, suscrito por los diputados Gloria Gutiérrez (PSOE), Flora Marrero (CC) y Román Rodríguez(NC) pide al Gobierno de Canarias que solicita a la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) que renegocie el convenio del sector y elabore uno nuevo consensuado con todas las organizaciones sindicales “que respete los derechos adquiridos por los trabajadores y que frene la destrucción de empleo en el sector”.

Asimismo, se pide al Parlamento que muestre su rechazo a las prácticas sindicales contrarias al convenio colectivo y a las medidas de liberalización comercial recogidas en Real Decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que modifican la Ley 1/2004 de horarios comerciales.

En un comunicado, los grupos proponentes indican que el convenio colectivo de grandes almacenes fue firmado a principios de este año por los sindicatos Fasga y Fetico, y rechazado por CCOO y UGT y según los parlamentarios, este acuerdo supone una reducción sustancial de los ingresos reales de los trabajadores.

Ademán afirman que la acción combinada del Gobierno estatal y de la patronal Anged condena a los trabajadores de las grandes superficies a no tener conciliación de la vida familiar y personal y “a depender exclusivamente de los horarios que le imponga la jefatura de turno para poder organizar su vida”.

Señalan que la patronal del sector y dos sindicatos han llevado a la práctica la flexibilización de la normativa sobre los horarios comerciales y la reforma laboral del PP con lo que, según los parlamentarios, se aumenta el horario en 28 horas anuales, se obliga a trabajar festivos y domingos, se flexibiliza el horario en el cómputo semanal y se eliminan los cuadros anuales de horario.

Los grupos proponentes de la iniciativa consideran grave que se haya eliminado del convenio colectivo todo lo referente a la adaptación de los puestos de trabajo para el personal con discapacidad, así como las medidas de discriminación positiva para víctimas de violencia de género, tales como el derecho preferente a ocupar vacantes en otras localidades si tienen que trasladarse para hacer efectiva su protección.

Los grupos parlamentarios añaden que estos recortes de derechos consolidados en anteriores convenios se producen en paralelo “a los grandes beneficios declarados por las empresas del sector”.

 

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